Rafael Méndez Madrid 19 MAR 2012 - 22:23 CET
La zona de la marisma de Doñana / HÉCTOR GARRIDO (EBD- CSIC)
Crece la presión sobre los parques nacionales. Pese a los recortes presupuestarios, el Partido Popular de Andalucía ha prometido que si gana las elecciones del 25 de marzo la primera gran obra que apruebe será la autovía Cádiz-Huelva, un conflictivo proyecto que bordea el parque natural de Doñana. El PP argumenta que no toca el espacio protegido y que es una reivindicación histórica de las dos provincias. Además, los populares apoyan la reclamación de los empresarios de Granada de estudiar la ampliación de la estación de Sierra Nevada para esquiar dentro del parque nacional, otra vieja reclamación. No es la única polémica sobre los parques nacionales, ya que los cazadores piden que se les permita la caza en estos 14 espacios, joyas de la corona de la naturaleza española. El Ministerio de Medio Ambiente tendrá la última palabra.
La carretera por Doñana es una vieja polémica. Desde hace décadas, la reclaman sectores de Cádiz y Huelva, dos provincias separadas por el Guadalquivir y sin contacto directo por carretera. Para ir de una capital a otra hay que pasar por Sevilla (con los atascos en la ronda que eso supone). El PP destaca que en Europa no hay dos provincias limítrofes sin conexión. El problema es que entre Huelva y Cádiz está Doñana.
Tras pedir una carretera por la costa, el PP ha optado abiertamente esta campaña electoral por la variante norte: desdoblar una pequeña carretera actual que bordea el parque natural (mayor que el nacional) por el norte y luego construir un nuevo y complejo puente sobre el Guadalquivir. Son 60 kilómetros, con lo que el viaje bajaría de 230 kilómetros a 170, con un ahorro de 45 minutos. “No se toca Doñana, crearía 1.400 empleos y permitiría ampliar las visitas al parque, al Rocío y a Matalascañas”, explica un portavoz del PP de Huelva. El PP andaluz ha prometido que esa sería “la primera gran obra” de Javier Arenas, favorito en las encuestas. El PP recuerda que en Cádiz ya hay una autovía que atraviesa un parque natural, la Jerez-Los Barrios a través de Los Alcornocales.
Tras pedir una carretera por la costa, el PP ha optado abiertamente esta campaña electoral por la variante norte
La Junta de Andalucía, del PSOE, considera que la obra tiene un impacto ambiental inasumible y apuesta por mejorar las rondas de Sevilla para acortar el viaje. Juan José Carmona, responsable de la ONG ecologista WWF en la zona, muestra su inquietud: “La cosa va en serio porque la implicación del PP ha crecido. Sin embargo, de prometerlo a que se pueda realizar falta mucho”. Carmona señala que la obra “no tiene sentido desde el punto de vista ambiental ni de gasto público”, que supondría “aislar del todo el espacio protegido” y “convertir Doñana en un zoológico”. Además, Bruselas podría poner pegas, como puso en el desdoblamiento de la carretera a Matalascañas.
Miguel Ferrer, delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía, considera que con las medidas correctoras adecuadas la autovía de Doñana no tiene por qué ser inviable: “Además, se acabaría con la amenaza de la carretera por la costa, con un mayor impacto”.
En cualquier caso, la última palabra la tendría el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, buen conocedor de la zona. El departamento no ha dado su opinión oficial sobre la obra, pero el tradicionalmente se ha opuesto, por lo que la aprobación de la obra no se prevé sencilla.
El ministerio sí ha anunciado que quiere potenciar el turismo en los parques nacionales y que cambiará la ley para mejorar la coordinación de la red de parques nacionales. Estos espacios son de gestión autonómica por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2004.
Además, el PP de Andalucía ha anunciado que apoya la petición de los empresarios de Granada para estudiar cómo se podría ampliar la estación de Sierra Nevada para esquiar dentro del parque nacional. Juan Miguel Martínez Cañavate, portavoz de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, señala que “la estación está rodeada por el parque” y que solo reclaman que “la dejen crecer un poco”. Martínez Cañavate pone como ejemplo Los Dolomitas, en Italia, en el que hay “zonas de máxima protección con pasillos para los esquiadores”.
Con la llegada del nuevo Gobierno, proliferan las demandas para suavizar los usos permitidos en los 14 parques nacionales, la máxima figura de protección. La Oficina Nacional de Caza, que agrupa a todas las asociaciones del sector, ha reclamado a Medio Ambiente que “permita practicar la caza, correctamente planificada y acorde con las necesidades conservacionistas”.
Hasta ahora, cuando hay exceso de una población en un parque nacional, son los guardas de medio ambiente los encargados de abatirlos. Así ocurre con los lobos en los Picos de Europa. Los cazadores, que mantienen una muy buena relación con el PP, creen que Medio Ambiente podría ingresar dinero permitiendo la gestión cinegética privada, ya que “la caza es un acto inevitable”.
